Por: Ilich Valdez
Laura Ballesteros, integrante de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa, demandó que la Semovi informe si existe o no un registro público del transporte.
Laura Ballesteros, diputada local integrante de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa, denunció que en la ciudad hay más de 10 mil unidades ilegales de transporte, cuyos operadores también carecen de documentos.
Dijo que esos operadores son del servicio público de microbuses y de taxis y no cuentan con registro en la Secretaría de Movilidad (Semovi).
La integrante de la comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad en la Asamblea Legislativa denunció que, según datos del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público Asociación Civil (Cenfes), el número de choferes que no están registrados ante la Secretaría de Movilidad va en aumento.
“Aunque la Semovi contempla alrededor de 300 mil choferes, hay una cifra negra que no ha podido ser contabilizada y que alcanzaría hasta el triple de los registrados en materia del parque vehicular de microbuses.
“Entre ellos se encuentran los transportes pirata, ejecutivos y trabajadores eventuales, es decir, que por cada taxi o microbús, puede haber dos operadores extra que no cuentan con los tarjetones oficiales para circular, por lo que no son parte del conteo”, dijo.
Por ello pidió a la Semovi que dé a conocer si existe o no un registro público del transporte en la Ciudad de México, ya que “la función registral del transporte es fundamental para la implementación de políticas públicas sustentables y lograr mejorar el servicio de transporte público de los capitalinos, toda vez que la ciudad está próxima a recibir inversión de organismos internacionales para la mejora del servicio de transporte público”.
La diputada capitalina aseguró que los ordenamientos de ley y la implementación del Sistema Integrado de Transporte también son una obligación gubernamental, dado que representa parte de la estadística básica del sistema de movilidad en la ciudad.
“El Registro Público del Transporte no es una ocurrencia, es una obligación que adquirió la Secretaría de Movilidad con la aprobación de la Ley de Movilidad, que quedó establecida en sus artículos 134 y 135″, expuso.
“Si la Semovi no realiza los cambios administrativos que tiene que realizar, no se le deberá otorgar un peso de los posibles fondos internacionales anunciados, porque claramente no tiene la estructura administrativa”.
Consideró que para poder llegar al cambio en el modelo del servicio para mejorar la calidad, es necesario y urgente que exista una contabilidad del transporte público de la ciudad.
“En ese registro público podremos ir contando uno a uno quiénes están circulando, cuántos son y a quienes les pertenecen esas concesiones, para entonces poner orden y que la concesión esté directamente ligada con la calidad del servicio que se está dando, y si no hay calidad, que se retire la concesión”, dijo.
Corredores Reforma y Lomas, el ejemplo
Laura Ballesteros aseguró que el ejemplo más claro de los conflictos que ocasiona la falta de un registro público de transporte es el caos que se vive en los corredores Palmas y Reforma Lomas.
“Este es un ejemplo muy claro de que no basta el cambio de unidades, no basta la organización de corredores, si no se cuenta por un lado con el cambio de modelo de servicio amarrado a la publicación del Registro Público del Transporte”.
Con información de: Milenio
