Aurelio Pérez Alonso es un hombre que prefiere mantener un perfil bajo. No le agradan los reflectores, ni otorgar entrevistas. Prefiere trabajar y que los resultados hablen por sí solos. Su lema: “No se puede vivir en un país sin tener como principio el estricto apego al derecho y la legalidad”. Como persona y como líder en el autotransporte de pasajeros busca ser congruente con dicha filosofía.
Desde sus orígenes, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) creció rodeado de autobuses, ya que proviene de un negocio familiar dedicado a la movilidad.
Amable, ecuánime y relajado se presentó a la primera entrevista formal que otorga a un medio de comunicación, y con ese estado de ánimo platica con Alianza Flotillera sobre las dificultades que aquejan al sector que representa, y que desde su trinchera trabaja para darles solución.
Para el líder transportista uno de principales desafíos es la presencia de empresas informales que prestan servicio de autotransporte de pasaje y turismo, sin tener el permiso para operar, ni ofrece las condiciones de seguridad adecuadas para los pasajeros, además de evadir impuestos.
Sin precisar el impacto económico que provoca la existencia de estas entidades en el mercado, Pérez Alonso afirmó que actualmente más del 60% de los autobuses que circulan en nuestro país son informales lo, que genera una competencia desleal en el mercado.
Indicó que el sureste de la república mexicana y la zona conurbada de la Ciudad de México es donde más se presenta este problema; en donde empresas de turismo con placas federales dan servicio de pasaje, y firmas que prestan el servicio con placas estatales registradas como autobuses de personal, taxis y vehículos a través de aplicaciones, camionetas, vagonetas y otros vehículos particulares que no cuentan con el permiso correspondiente para circular en carreteras federales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hasta marzo de este año, se registraron 20 mil 327 permisionarios del transporte de pasajeros que en su conjunto ostentan una flota vehicular de 131 mil 276 unidades con un promedio de antigüedad de 12.4 años.
Actualmente la CANAPAT, organismo constituido el 28 de septiembre de 1989, agrupa a 600 compañías (entre personas morales y hombres-camión) registradas ante la SCT con 40 mil unidades.
LA PIEDRA EN EL ZAPATO
La desregularización del autotransporte y la miscelánea fiscal del 2014 fueron factores que abonaron a la informalidad en el transporte de pasajeros, principalmente, por la falta de control de las autoridades en temas de verificación y fiscalización.
El presidente de la CANAPAT explicó que antes de la desregulación, el gobierno fijaba las rutas a recorrer, las cuales eran asignadas bajo con- cesiones, el número de empresas era limitado y había precios controlados para mantener un balance en el mercado.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, apoyada de la Policía Federal, era muy estricta en temas de verificación y cumplimiento, si no tenías la concesión para circular, simplemente no podías hacerlo. Después de la desregularización, el proceso de inspección se redujo y personas que no tenían permiso para prestar el servicio de traslado de pasajeros entraron al mercado”, aseguró.
En ese sentido, la falta de inspección y verificación ha provocado que empresas informales circulen en territorio nacional, ya que actualmente, la autoridad no da seguimiento puntual a la verificación de terminales en operación que registran estas compañías, detalló.
De acuerdo con datos de la dependencia, al primer trimestre de 2019, se contabilizaron 959 terminales, de las cuales, 345 son centrales de pasajeros y 614 son individuales de pasajeros.
“Estas empresas, que por un mo- mento cumplen con los requisitos para operar, demuestran que cuentan con una terminal de autobuses en Puebla y Toluca, pero sus rutas no corren esos destinos. Se dedican a dar servicio en
la Ciudad de México y el día que las au- toridades las paran y las inspeccionan, argumentan que están transitando entre Puebla y Toluca”, comentó.
En lo que compete a la Reforma Ha- cendaria, vigente desde el 1 de enero de 2014, misma que buscaba recaudar alre- dedor de 181 mil millones de pesos y que representaría 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para acelerar el crecimiento del país, trajo cambios en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que se aplicó el gravamen en el transpor- te público foráneo de pasajeros.
De esta manera, la miscelánea fiscal obligó a las compañías formales del sector a cobrar el IVA a los pasajeros, y si un viaje de origen-destino tenía costo de 100 pesos, se elevó a 116 pesos.
“Las empresas que operan fuera de la legalidad, y que cobran en promedio un 10% menos que los que sí pagamos im- puestos, también subieron sus precios, pero al no estar registrados ante Hacien- da, la diferencia en precio es utilidad para ellos.
“Si analizamos los registros de autobuses de turismo contra autobuses con placas de autotransporte federal de pasaje en ese año, nos damos cuenta de que el crecimiento no corresponde con lo que realmente creció el turismo; lo que aumentó fue la informalidad dando servicio con boletos individuales en ve- hículos con placas de turismo”, explicó
CUESTIÓN DE SEGURIDAD
El líder transportista dijo que la informalidad, no sólo es un tema de verificación y de fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la SCT, sino que va más allá, pues tiene que ver con temas de seguridad para los usuarios de este medio de transporte.
“La industria debidamente establecida invierte en capacitación para sus operadores, en la compra de unidades nuevas, paga pólizas de seguros para los viajeros, establece protocolos de seguridad en cada uno de sus viajes y tiene áreas especializadas para reducir índices de siniestralidad, cosa que un informal no hace”, advirtió.
Expuso que ese tipo de unidades perjudican a los pasajeros, quienes corren riesgos al abordar un camión que no cuenta con protocolos de seguridad, tecnología y conductores con poca o nula experiencia y capacitación.
“Queremos que las autoridades nos ayuden a resolver este problema, queremos que sea una competencia leal y que el suelo sea parejo para todos, salvaguardando la seguridad de los pasajeros”, dijo.
EN BUSCA DE LA PROFESIONALIZACIÓN
Pérez Alonso está seguro de que una de las estrategias para combatir la informalidad es mediante la capacitación. Por ello, desde 2012 la CANAPAT junto con la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México crearon el Diplomado en Administración del Autotransporte de Pasajeros.
“Con este diplomado hemos forma- do más de 500 profesionales a través
de 11 generaciones sobre cuestiones teórico-prácticas en el autotransporte. Su éxito nos obligó a plantearnos hace unos años la posibilidad de ofrecer una Maestría en Autotransporte de Pasajeros, la cual ya es una realidad, y va por su tercera generación de alumnos”, dijo.
La Maestría en Autotransporte de Pasajeros está dirigida a personas interesadas en cuestiones administrativas, los estudiantes aprenden sobre estrategias de precios, mantenimiento, logística, negociación y manejo de herramientas para la resolución de problemas, entre otros.
La iniciativa de este estudio de posgrado, del cual ya han egresado 45 alumnos, tiene una duración de cuatro a seis semestres, de acuerdo a la modalidad que el alumno decida tomar (de tiempo completo o de tiempo parcial) y contempla 15 actividades académicas a realizar.
“Creemos que la capacitación es nuestra contribución para profesionalizar el autotransporte de pasajeros en México, y una forma de abatir la informalidad y promover la legalidad en el sector”, puntualizó.
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