La seguridad corporativa y en el transporte, así como el factor humano son piezas clave para agilizar los procesos de importación y exportación, evitar que el crimen organizado se inmiscuya en las empresas es lo que la certificación Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) califica.
Esta y otras certificaciones deben ser parte de las obligaciones de las empresas enfocadas a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro de las empresas privadas.
Héctor Manuel Romero Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad (AMESIS) y vicepresidente de Seguridad por México, recordó que en México existen 117 puertos que dependen directamente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre los más importantes destacan Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, mismos que son disputados por los cárteles.
El país cuenta con 14 corredores que cruzan las principales ciudades y puertos marítimos además de tener acceso a los puentes fronterizos, sin embargo, existe una situación preocupante, por cada diez contenedores que pasan por las aduanas, sólo uno paga los impuestos correspondientes, de allí la importancia del CTPAT y las certificaciones como la ISO 28000 o 31000 para evitar que el crimen organizado se inmiscuya en las organizaciones.
“Con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se vuelve más importante tener una certificación que permita tener esta visión de negocio”, explicó. Una visión de seguridad y ciberseguridad.
“En el momento más álgido de la pandemia, las mercancías estaban atoradas, con el CTPAT es importante darle una visión más corporativa para determinar que la seguridad es un punto básico. El análisis de riesgos nos permitirá hacer frente cualquier amenaza natural o de la delincuencia organizada”.
Para el especialista agilizar los procesos de importación y exportación, además de contar con procedimientos escritos y verificables de la operación, la relación con los socios, validar que los socios y directores no tengan antecedentes penales.
“El objetivo es incentivar las buenas prácticas para reducir el riesgo de personas y cargas en cualquier tamaño y cualquier tipo de cadena”.