La construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México formará parte de la lucha contra el combustible ilegal
Según datos difundidos a través de diferentes medios, la sustracción, disposición y enajenación indebida de combustibles en México ha aumentado en las últimas semanas, afectando a varios sectores del transporte y la industria.
Ante este panorama, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), llamó a las empresas que participan en la construcción del nuevo aeropuerto, para que establezcan mecanismos de control y estrategias para evitar actos u operaciones ilegales relacionados con la compra, distribución y enajenación ilegal de combustibles en la prestación de los servicios a la construcción del aeropuerto.
De esta manera, solicitó a las constructoras diseñar y ejecutar programas permanentes para vigilar la compra del combustible que utilizan los transportes que participan en la construcción; así como implementar campañas de orientación entre su personal para prevenir y evitar los factores que causan ese fenómeno delictivo y difundir las sanciones que señala la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se comprometió a vigilar que las medidas mencionadas se implementen y estará atento de que todas las acciones emprendidas por las diferentes empresas contratadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto, se conduzcan conforme a lo dispuesto por la ley.
Un grave problema
Se calcula que del año 2010 al 2014, las tomas clandestinas en los ductos de Pemex pasaron de 691 a 4,127. En promedio, el robo de combustible asciende a 5 mil millones de dólares cada año. Durante el año pasado, se contabilizaron aproximadamente 6,159 tomas clandestinas, siendo Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México donde se registran más tomas ilegales.
Actualmente, entidades de gobierno combaten el comercio ilegal de combustible a través de diversos programas y acciones en todo el territorio mexicano. Las penas por la extracción y comercialización de combustibles ilegales van de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente.