Expertos alertaron que el presupuesto de egresos para la Ciudad de México en 2015 no contempla cambios sustanciales que reflejen el cambio de paradigma de movilidad, sin embargo, consideran que es un momento oportuno para que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hagan las modificaciones que se requieran.
En rueda de prensa conjunta con la diputada Laura Ballesteros Mancilla, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México) y el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS EMBARQ México), los especialistas coincidieron en que dicho presupuesto debe ser congruente con lo establecido en la recientemente expedida “Ley de Movilidad para del Distrito Federal”, que establece la movilidad como un derecho ciudadano y centra al peatón en la toma de decisiones. Así como con las líneas estratégicas del Programa Integral de Movilidad (PIM).
Dentro de las deficiencias, las organizaciones no gubernamentales encontraron que faltan tres elementos fundamentales para empezar los cambios de movilidad que plantea la nueva ley: inversión en el Sistema Integrado del Transporte Público, invertir en los esquemas de calles completas para que el peatón sea la prioridad en la ciudad y estos esquemas de calles completas nos traigan infraestructura peatonal, ciclista, cruceros seguros, etcétera; y la aplicación de la Encuesta Origen.
Fernando Páez, director de Sistemas Integrados de Transporte de CTS EMBARQ México, señaló que hacer realidad las disposiciones de la Ley de Movilidad, requiere asignaciones en el presupuesto para el fortalecimiento institucional del sector, el cual se debe reflejar no solamente en el cambio de estructura de la Secretaría de Movilidad, sino en el mejoramiento de la capacidad técnica y operativa para enfrentar los retos que esto implica.
Páez enfatizo, que la Ley de Movilidad establece instrumentos de planeación nuevos como el programa Integral de Seguridad Vial y los Sistemas de Información para la Movilidad y la Seguridad Vial para los cuales tampoco se contemplan recursos en el presupuesto.