El pasado mes de mayo se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) en la que se estipula que “la movilidad es un derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, eficiente y accesible”.
Sin embargo, para lograr este objetivo es necesario superar numerosos retos que deben ser enfrentados en equipo, con la participación de gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil.
Durante el panel “Movilidad segura, eficiente y sustentable”, celebrado en el marco de Expo Transporte ANPACT 2022, diversos expertos reflexionaron acerca de los desafíos que deben afrontarse para lograr una movilidad funcional, que ayude a cerrar las brechas de la desigualdad económica y social.
Hacia una estrategia nacional
Para construir una movilidad segura y de calidad deben ser atendidos tres temas prioritarios: generar las condiciones para la creación de un transporte público eficiente, diseñar un sistema sólido de financiamiento y elaborar una normativa eficaz de seguridad vial, aseguró Roxana Montealegre, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Apuntó que la aprobación de la Ley General de Movilidad es una gran oportunidad para edificar una estrategia nacional que permita realizar consensos desde los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil, asumiendo esta última un papel sustancial.
“Todos tenemos cosas que aportar no sólo desde las leyes, sino también desde la cotidianidad. Por ejemplo, tres de los factores que generan más accidentes viales son: el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento a los vehículos y el uso del celular en el momento de la conducción”, indicó.
Por su parte, Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), celebró que dicha ley conciba a la movilidad como un “derecho natural del ser humano”.
Asimismo, subrayó que uno de los grandes retos es invertir en infraestructura para brindar seguridad tanto a conductores y operadores como a los peatones y usuarios de vehículos no motorizados.
“Se deben crear centros logísticos, establecer carriles confinados para el autotransporte de carga, instalar iluminación adecuada para el tránsito nocturno tanto para el autotransporte, como para los peatones, colocar señales de control de tráfico peatonal motorizado y no motorizado. Señalización horizontal y vertical para una adecuada orientación de los conductores, implementar paradores seguros en carreteras federales, estatales y municipales”, indicó.
En ese tenor, Isabel von Griesheim, directora del proyecto TranSIT GIZ México, coincidió en la importancia de que la movilidad sea reconocida como un derecho universal, pues gracias a ello se pueden diseñar estrategias de seguridad e inclusión.
“Tenemos un camino largo hacia una implementación exitosa de la Ley General de Movilidad, y aunque es importante enfocarse en los retos que sí existen, también debemos mirar hacia las fortalezas”, indicó.
Asimismo, aplaudió que haya interés por parte de los estados y municipios para crear una nueva estrategia de movilidad nacional.
“México sí cuenta con capacidad institucional y experiencia en todos los niveles de Gobierno en la implementación y la operación de proyectos de transporte. México sí opera con mejores estándares de servicio de transporte y también tiene mucha experiencia internacional. Además, cuenta con una gran variedad de alianzas estratégicas”, destacó.
En su intervención, Patricia Vizcaya, directora jurídica y de normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), señaló que una de las grandes tareas es combatir la sobreregulación que existe en numerosas localidades del país.
“En 310 municipios de México se nos cobran permisos adicionales, que pueden ir desde mil pesos a más de un millón de pesos por flotilla”, reveló.
Transporte público seguro
Antes de la pandemia de Covid-19, más de 103 millones de mexicanos se trasladaban de sus hogares hacia la escuela, trabajo, centros recreativos y demás espacios. De ellos, el 87% lo hacía por medio del transporte público concesionado, el cual funcionaba sin una regulación adecuada ni estándares mínimos de calidad y seguridad, explicó Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
Añadió que las nuevas mecánicas de la movilidad post pandemia han cambiado el panorama, ya que muchas personas dejaron de usar el transporte público, lo que ha agudizado una crisis económica en el sector.
“Había un rezago importante en la planeación y operación del transporte público. Ante la necesidad de cambiar el modelo, tenemos una gran limitante económica-financiera puesto que la caída de la demanda está cerca del 80% y no se ha recuperado. La realidad del transporte público cambió. La gente se mueve de una manera distinta”, precisó.
Reiteró que la modernización del transporte público necesita una inversión millonaria, pues operar una empresa de este tipo requiere del mantenimiento de las unidades, logística y administración, además de capacitación y profesionalización de los conductores. Frente a esta limitante, lamentó que los usuarios sean víctimas de un servicio peligroso y de baja calidad.
“Es criminal cobrar al usuario una tarifa muy alta por un servicio de calidad muy mala. Eso no lo podemos permitir. Y si queremos un servicio de transporte sustentable, sostenible, accesible y de calidad, tenemos que invertir de manera conjunta tanto autoridades como operadores”, advirtió.
Movilidad y desigualdad
Caminar hacia una movilidad eficiente y segura significa que ésta debe contribuir a cerrar las brechas de la desigualdad económica, señaló Angélica Vesga, directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) para México y Colombia.
“En las ciudades, los hogares gastan más o menos el 18% de sus ingresos en movilizarse, pero en las viviendas de interés social dicha cifra llega al 40%. Entonces el sistema de movilidad es algo que puede ayudar a la reducción de la pobreza o puede hacerla aún más fuerte si no lo hacemos de manera adecuada”, apuntó.
Además, expresó que cuando se habla de poner en el centro a las personas para diseñar una movilidad segura se habla de construir estrategias dirigidas a protegerlas, en las que deben colaborar todos los órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.
“Muchas veces pensamos que armar un sistema de transporte termina el día en el que se inaugura y no, pues son sistemas vivos, son sistemas que requieren procesos de planeación, de recuperación, de monitoreo y, por tanto, una inversión importante para crear una estructura técnica que le dé acompañamiento”, explicó.