La pluma de: Diana Ávalos Morales Directora General Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE).
La electrificación de flotillas medianas y pesadas representa uno de los mayores desafíos y, al mismo tiempo, una de las más grandes oportunidades para México en su transición hacia una economía baja en carbono. En un país donde el transporte genera más de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y donde los camiones y autobuses representan sólo el 25% del parque vehicular, pero más del 50% de las emisiones del sector, el cambio hacia vehículos de cero emisiones (ZE-MHDV, por sus siglas en inglés) es urgente y estratégico.
Según el informe “Pathways to Commercialization for Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles in Mexico” de CALSTART, México tiene una ventana de oportunidad para convertirse en líder regional si adopta un enfoque integral que combine regulación, financiamiento, infraestructura y desarrollo industrial. No obstante, los retos actuales son significativos. A pesar del creciente interés por los vehículos eléctricos, la oferta de camiones y autobuses eléctricos disponibles en el país sigue siendo limitada, en parte por la falta de incentivos claros y también por la ausencia de una estrategia nacional vinculante.
El costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) es uno de los elementos más analizados al momento de tomar decisiones en las flotillas. Aunque los vehículos eléctricos tienen un precio de adquisición superior, presentan menores costos operativos y de mantenimiento. Experiencias como la del Metrobús en la Ciudad de México han mostrado que, en un horizonte de 10 a 15 años, los autobuses eléctricos pueden ser entre un 21 y un 32% más rentables que sus equivalentes a diésel.
Uno de los principales cuellos de botella para la electrificación de flotillas es la infraestructura de recarga. La mayoría de las operaciones actuales se basan en la recarga nocturna en depósitos, lo que requiere inversiones en infraestructura, adecuaciones eléctricas y garantías de suministro. Para rutas de larga distancia o de alta rotación, se necesitan estaciones públicas de carga rápida o de oportunidad.
A ello se suma la falta de una regulación robusta. Actualmente, México carece de normas oficiales que obliguen a adoptar vehículos de cero emisiones o con estándares técnicos para la interoperabilidad de la infraestructura. Esto genera incertidumbre entre los operadores y aumenta el costo de inversión en la infraestructura de recarga. Una de las recomendaciones del informe de CALSTART es que México se adhiera al Memorándum Global sobre Vehículos Medianos y Pesados de Cero Emisiones, como ya lo han hecho 27 países, con metas claras hacia 2030 y 2040, pues ello daría una clara señal al sector acerca de la visión del país.
El financiamiento es otra pieza clave. Muchos operadores de flotillas no tienen acceso a capital suficiente para renovar sus unidades. En este sentido, mecanismos como el arrendamiento operativo, los fondos público-privados y los esquemas de pago por resultados (por ejemplo, por reducción de emisiones) pueden ayudar a cerrar la brecha financiera.
La electrificación de flotillas en México no es una apuesta idealista, sino una estrategia viable y necesaria para mejorar la competitividad, reducir emisiones y proteger la salud pública. Con liderazgo político, inversión inteligente y colaboración intersectorial, el país puede convertirse en referente regional en movilidad sostenible. El tiempo de actuar es ahora.
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