Modernizar el transporte en México es un tema de justicia social y competitividad, afirmó Isabel Studer, Presidenta de Sostenibilidad Global, al advertir que el envejecimiento del parque vehicular representa uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia una movilidad más limpia y eficiente en el país, particularmente en el sector del autotransporte de carga.
En entrevista con Alianza Flotillera, Studer subrayó que, pese a que México es una potencia en la producción de vehículos ligeros y pesados, el parque vehicular nacional tiene una edad promedio de 19 años, con unidades que alcanzan incluso los 30 o 40 años de antigüedad.
Esta situación impacta directamente a pequeños transportistas y a los llamados “hombres-camión”, quienes dependen de estos vehículos para su sustento.
La especialista señaló que la mayoría de los propietarios del transporte de carga en México son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Por tal motivo, apunto, enfrentan severas limitaciones de acceso a financiamiento.
En ese contexto, dijo, la modernización del transporte debe entenderse no sólo como una política ambiental, sino como una política de interés público y de justicia social.
La Doctora Isabel Studer participó en la pasada Expo Transporte ANPACT 2025.Se requieren acciones concretas
Studer cuestionó la viabilidad del compromiso anunciado por el gobierno mexicano en foros internacionales, como la COP, de que para 2040 el 100% de las ventas de camiones y autobuses nuevos sean eléctricos.
“Las matemáticas no salen”, advirtió. Ademas, recordó que actualmente cerca del 98% del parque vehicular opera con tecnologías Euro 3, muy lejos incluso de los estándares Euro 5 o Euro 6.
Si bien reconoció los beneficios de la electromovilidad y se declaró promotora de esta transición, enfatizó que el costo de los vehículos eléctricos de carga, entre 50% y 100% más caros que los de combustión, los hace inaccesibles para la mayoría de las Pymes.
A ello se suma la falta de infraestructura de recarga, cuyo desarrollo, afirmó, no puede recaer en los pequeños transportistas.
De acuerdo con estimaciones presentadas por Studer, cumplir la meta de electrificación total en vehículos pesados requeriría inversiones cercanas a los 5 mil millones de dólares únicamente en infraestructura de carga.
En este foro, la especialista llamó a diseñar “una hoja de ruta realista”.Es necesario mayor compromiso del Estado
La presidenta de Sostenibilidad Social también criticó el alcance limitado de los programas actuales de apoyo a la renovación vehicular.
Puso como ejemplo los esquemas de financiamiento que han permitido renovar apenas unas 500 unidades. Lo anterior, frente a un parque estimado de 1.6 millones de vehículos que requieren modernización.
En este escenario, consideró indispensable replantear las prioridades del gasto público y fortalecer los programas de chatarrización con recursos suficientes.
A su juicio, destinar mayores apoyos a la modernización del transporte tendría impactos directos en la competitividad del país.
Sobre los incentivos fiscales, Studer destacó que estos deben enfocarse principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables en la transición.
Además, propuso esquemas de financiamiento mixtos que involucren a la banca privada, la banca de desarrollo y al gobierno. Así como una reasignación gradual de subsidios a los combustibles.
“La modernización del transporte puede convertirse en un círculo virtuoso”, afirmó, al explicar que tecnologías más eficientes reducen el consumo de gasolina, los costos operativos y la dependencia de combustibles importados. Lo anterior, al tiempo que mejoran la rentabilidad de los transportistas y el desempeño ambiental del sector.
Impulsan una agenda común
Isabel Studer señaló que desde la Alianza por la Movilidad Sostenible para Todos se trabaja en una agenda “de abajo hacia arriba”, centrada en reducir la desigualdad en movilidad.
Entre los proyectos prioritarios se encuentran el diseño de nuevos modelos financieros, el impulso a estaciones multimodales que integren combustibles tradicionales y carga eléctrica, y la electrificación de vehículos de última milla.
Asimismo, subrayó que el éxito de la transición hacia una movilidad sostenible dependerá de una hoja de ruta realista. Esta requiere de metas graduales, presupuesto asignado y coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.
“No se trata de prometer metas lejanas, sino de construir políticas viables que respondan a la realidad del país”, subrayó.
La última milla: punto de partida para la electromovilidad urbana