Dijo que a pesar de que el gobierno federal propuso crear una instancia de coordinación con la participación de las distintas organizaciones de transportistas públicos y privados de carga, pasaje y turismo, como la Cámaras Nacional de Pasaje Y Turismo (CANAPAT), la Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) yla Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP); están convencidos de que sólo sea un disfraz para aplicar la normatividad a los vehículos viejos y favorecer los intereses de grupos minoritarios de transportistas.
Sin embargo, la eliminación de los 18 mil autobuses, no evitará el mejoramiento y buen estado de los más de 356 mil kilómetros de la red carretera del país, como lo afirma la autoridad, toda vez que el fin del Programa Nacional de Reordenamiento de Vehículos para el Servicio Público Federal de Pasaje y Turismo y la nueva Norma de Pesos y Dimensiones (NOM-012), permitirá la circulación de unidades hasta con 80 toneladas, mediante un permiso especial.
Tampoco disminuirá el número de accidentes en las carreteras, ya que la mayoría de los siniestros son ocasionados por el pésimo estado de las vialidades, los exagerados pesos y dimensiones de muchos vehículos y el exceso de confianza de conductores de unidades nuevas, a altas velocidades.
Es por ello, que la Delegación de Pasaje y Turismo del Distrito Federal de la CONATRAM, encabezada por Raúl Díaz, rechazó que las unidades de modelos pasados, sean un peligro latente y las responsables de los siniestros en las carreteras, ya que por ser el patrimonio de los hombres camión suelen ser cuidadas a través de un mantenimiento óptimo.
Por lo cual, el organismo demandó al gobierno federal reconsiderar el daño económico inmediato que se causará a alredor de 90 mil familias que dependen de la industria de pasaje y turismo, al tiempo de que establezca cambios urgentes como la modificación del acuerdo de chatarrización, para que se puedan destruir unidades de más de 20 años de antigüedad.