Gobierno plantea financiarlos con fondos de estabilización y cobros extra en parqueaderos.
En medio de las dificultades que atraviesan varios sistemas de transporte público en el país, porque su capacidad ha colapsado (caso Bogotá), porque los volúmenes de pasajeros no permiten obtener la rentabilidad esperada o porque su construcción se ha dilatado durante muchos años, el Gobierno decidió, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), hacer una fuerte apuesta por todos los tipos de movilidad pública.
En los 200 artículos que conforman el proyecto de esta carta de navegación del país para los próximos cuatro años, presentada al Congreso el viernes pasado, se destacan varias acciones que van más allá de las que se fijaron durante el PND del periodo 2010-2014.
Por ejemplo, define de forma clara de dónde provendrán los recursos para garantizar su sostenibilidad, incluso planteando fórmulas para el cálculo de nuevas contribuciones.
Además, el documento pasa de dar un apoyo a sistemas de ciudades específicas a señalar, de forma más estructural, que el Gobierno podrá apoyar los sistemas masivos, estratégicos, integrados y regionales que se encuentren en operación, implementación y en estructuración.
Agrega que el Gobierno podrá apoyar las soluciones de transporte público de pasajeros en zonas urbanas o regionales, siempre y cuando incluyan acciones para incrementar y regular el uso de modos no motorizados (bicicleta, viaje a pie o tricimóvil, entre otros) y su integración con otros modos de transporte, al igual que medidas contra la ilegalidad y la informalidad.
Fuentes enteradas del proceso explicaron que las nuevas disposiciones en materia de transporte público, que servirán para apalancar las iniciativas a nivel nacional, se hicieron prácticamente pensando en darle viabilidad al proyecto del metro de Bogotá.
La propuesta del nuevo Plan de Desarrollo señala que las entidades territoriales podrán determinar, definir y establecer nuevos recursos de financiación públicos y/o privados, que permitan lograr la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional de los mismos. (En $ 90 billones recortan Plan de Desarrollo)
La primera son los fondos de estabilización y de subsidio a la demanda, los cuales podrán ser establecidos, mediante un decreto, por los alcaldes de los municipios, distritos o áreas metropolitanas en las que se implementen o ya estén en operación estos sistemas, con el fin de cubrir la diferencia entre la tarifa técnica (lo que cuesta prestar el servicio) y la tarifa que paga el usuario.
Además, el plan les da vía libre a los cobros por congestión o contaminación en las ciudades y poblaciones que tengan más de 300.000 habitantes, así como por la infraestructura construida para evitar la congestión urbana, por ejemplo, vías expresas.
Estos cobros serán diferentes a los peajes establecidos en la Ley 105 de 1993 (ley de planeación del sector transporte).
En el PND también se contempla que en las entidades territoriales que cuenten con un sistema de transporte masivo, estratégico, integrado o regional, los alcaldes municipales o distritales, “en concordancia con las competencias de los concejos municipales o distritales”, podrán incorporar en las tarifas de los estacionamientos o parqueaderos un monto adicional, con destino a los sistemas de transporte público.
Así mismo, se plantea que la Nación y sus entidades descentralizadas tengan la posibilidad de cofinanciar proyectos de Asociación Público-Privada (APP). Esto, con el fin de desarrollar sistemas de servicio público urbano de transporte de pasajeros o de algunos de sus componentes, con aportes de capital, en dinero o en especie.
Este apoyo podrá ser hasta del 70 por ciento de los desembolsos de recursos públicos solicitados para ejecutar el proyecto o del monto estimado del costo y la financiación de las actividades de diseño, preconstrucción y construcción del proyecto. Entre las dos opciones, se elegirá la de menor valor.
Además de las anteriores, se podrán utilizar otras fuentes como la valorización, la subasta de norma urbanística, herramientas de captura del valor del suelo (plusvalía) y cobro o aportes por edificabilidad o construcción adicional.
El senador Ángel Custodio Cabrera explicó que las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen 45 días para aprobar el proyecto, mientras para el visto bueno en las plenarias de las dos corporaciones el plazo vence el 7 de junio.
Manejo de la plata de la salud
Se contempla la creación de la Unidad de Gestión del Sistema de Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar el flujo y los controles de recursos del sistema. Administrará los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) y del Fondo de Salvamento a Entidades Territoriales (Fonsaet), entre otras fuentes financieras.
Subsidio para la reforma agraria
El proyecto crea un subsidio integral de reforma agraria, orientado a promover el acceso a la tierra para adelantar proyectos productivos. Inclusive, se habla de que el apoyo podría ser hasta del 100 por ciento. También plantea una comisión que administre el sistema de créditos agropecuarios, para que estos se asignen a quien verdaderamente los necesite.
Reorganización minera
El plan define cuatro nuevos niveles: minería de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería, alrededor de las cuales se crearán reglas diferentes. Además, desde ya se anuncian sanciones que van desde 6 millones de pesos hasta los 1.200 millones para el que transgreda la cadena de distribución de combustibles. También prorroga los subsidios de energía para los estratos bajos hasta el 2018.
Empuje a la vivienda social
Por el lado de la tarea de reducir la pobreza y promover la equidad, el proyecto de ley contempla eximir del pago de derechos notariales a los compradores de vivienda de interés prioritario. Además, uno de los temas que no se ha podido solucionar en el país vuelve a sonar en el plan. Se trata de la actualización catastral, alrededor de la cual se establece que deberá hacerse cada 5 años y que los avalúos catastrales se ajustarán cada año.
Impuestos, infaltables
En esta oportunidad, el plan dedica unas líneas a establecer modificaciones a las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Crea además un fondo para atender el pasivo laboral y pensional del sector hotelero, cuando los inmuebles sean declarados de interés cultural o hayan sido objeto de extinción de dominio.
Las propuestas para la consolidación del posconflicto
El Plan de Desarrollo, en su apartado sobre seguridad y paz, le da vida al Consejo Interinstitucional del Posconflicto, que se encargará de “facilitar la coordinación” entre las distintas entidades del Estado en el “alistamiento e implementación” de los acuerdos de paz que se logren con los grupos ilegales. En materia de paz, esta hoja de ruta gubernamental también abre la puerta para que la Fuerza Pública pueda capacitar en el exterior a otros uniformados en la lucha contra actores ilegales, y, además, recibir capacitación en temas que permitan consolidar el posconflicto. También, se potencian los programas de reparación de víctimas de la guerra y se da un plazo de 2 años para desarrollar el Plan Decenal del Sistema de Justicia.
Con información de: El Tiempo
