El transporte de sustancias y residuos peligrosos representa uno de los mayores retos para la seguridad en las ciudades, especialmente en entornos urbanos densamente poblados, donde hay hogares, centros de salud, escuelas y corredores industriales, espacios en que un accidente puede tener consecuencias catastróficas. Por ello, garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalecer la supervisión de las autoridades resulta una tarea urgente y prioritaria.
De acuerdo con la definición establecida por la legislación mexicana, las sustancias y residuos peligrosos son materiales que, por sus características químicas, físicas o biológicas, pueden causar daño a la salud humana, al medioambiente o a los bienes materiales.
Entre ellos se incluyen combustibles, gases inflamables, productos químicos tóxicos, desechos industriales y materiales radiactivos, por lo que su traslado exige un manejo especializado, vehículos adecuados y personal capacitado para responder ante cualquier contingencia.
Un vacío normativo
El tránsito de estos materiales dentro de las ciudades eleva de manera considerable los riesgos por la cercanía de las rutas de transporte con zonas habitacionales o centros de alta concentración. Esto multiplica el impacto potencial en caso de una fuga, derrame o explosión. Además, factores como el congestionamiento vial y la limitada infraestructura urbana complican la aplicación de protocolos de emergencia y evacuación oportuna.
En México, el transporte de sustancias peligrosas se encuentra regulado por distintas leyes y Normas Oficiales Mexicanas (NOM), además de tratados internacionales que establecen requisitos para el envasado, etiquetado, señalización y condiciones de los vehículos.
Sin embargo, como advierte Angélica Lozano Cuevas, Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el principal problema radica en que las normas no se aplican o se aplican de manera parcial, lo que reduce su efectividad y pone en riesgo a la población.
En entrevista con Alianza Flotillera, la académica universitaria explica que existen reglamentos federales específicos, pero con una aplicación local limitada.
El reglamento puede decir muchas cosas, pero no se aplican. Algunas disposiciones se cumplen, pero otras, como la prohibición de viajar en convoy, se violan constantemente”, señala.
Por ello, existe la necesidad de que los gobiernos estatales y municipales incorporen con mayor precisión el tema del transporte de materiales peligrosos dentro de sus reglamentos de tránsito y protección civil.Lozano también enfatiza que la normatividad actual requiere una actualización integral. Por ejemplo, no existen disposiciones diferenciadas para áreas urbanas.
Cada material tiene un comportamiento distinto. Algunos podrían transportarse mejor de día y otros de noche, dependiendo del tipo de riesgo. No todos deberían meterse en la misma bolsa”, explica.
Desconocimiento de la problemática
La complejidad del problema exige además una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno. La falta de comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales genera vacíos que obstaculizan una respuesta rápida y eficaz ante emergencias. A lo anterior se suma el desconocimiento del problema en su dimensión real, lo que impide diseñar políticas públicas basadas en evidencia y análisis.
Desde el punto de vista técnico, el transporte seguro requiere vehículos equipados con sistemas de contención, monitoreo y respuesta ante emergencias. Sin embargo, muchas unidades operan con deficiencias mecánicas o sin la tecnología necesaria para detectar incidentes de manera automática.
En este sentido, Lozano propone que los camiones cuenten con dispositivos que emitan señales de alerta al centro de control en caso de accidente, para activar de inmediato los protocolos de evacuación y notificación ciudadana.
Otro punto crítico identificado por la especialista es la escasa información confiable sobre las causas de los accidentes. “Casi siempre se atribuyen al ‘factor humano’, pero eso no explica nada. Hay que saber si fue el vehículo, la infraestructura o las condiciones ambientales”, subraya. Una base de datos precisa permitiría identificar patrones y diseñar estrategias más efectivas para prevenir futuros incidentes.
Operador, jugador clave
Ante esta problemática, la capacitación de los operadores se vuelve una pieza clave. Para conducir vehículos que transportan materiales peligrosos se requiere una licencia tipo E, la cual implica evaluaciones técnicas, psicológicas y de conocimiento sobre los materiales trasladados.
En ese sentido, Hugo Niño, operador de la empresa transportista Palos Garza, asegura que “la capacitación es fundamental”. Para él, el compromiso con la seguridad es también personal: “Hay que tener cuidado por la gente, por la familia. Como me dicen en casa: ‘acuérdate que hay que regresar’”. comparte en entrevista con Alianza Flotillera.
Cabe destacar que las empresas transportistas, por su parte, tienen la responsabilidad de garantizar que sus operadores cuenten con las herramientas, el conocimiento y el respaldo técnico necesarios para desempeñar su labor sin poner en riesgo a la población. Ello implica invertir en formación continua, mantenimiento de flotas, tecnologías de monitoreo y cultura organizacional centrada en la prevención.
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