Apenas el 41% de las organizaciones en México cuentan con programa de prevención de delitos financieros, así lo presentó KPMG, organización de servicios de auditoría, impuestos y asesoría, en su estudio El impacto de los delitos financierons. Prevención, detección y respuesta.
Cabe señalar que para realizar el informe, se encuestaron a empresas privadas (mexicanas y extranjeras, en 72 y 23 por ciento), organizaciones no lucrativas en 23% y, aunque en 1%, entidades gubernamentales; los sectores a los que éstas pertenecen incluyeron empresas de servicios financieros, industriales, automotrices y transporte.
La exposición llevada a cabo por Shelley Hayes, socia líder de Forensic de KPMG en México y Centroamérica mediante un webinar, también reveló que el 67% de las organizaciones encuestadas consideran que los controles de prevención de delitos financieros deben ajustarse o son inadecuados.
La mayor incidencia fraudulenta se da de forma interna, en 62%, en 18% de forma externa y de forma combinada entre ambos en 20%; los principales defraudadores son en 42% personas con nivel gerencial o medio, en 38% a nivel operativo, en 13% otro y en 8% de la alta dirección; sin embargo, en el 59% de los casos, el defraudador actuó en conlusión con alguien más, ya que suele requerirse complicidad para efectuar fraudes.
Empresas no denuncian fraudes
Pese a que, en mayor medida, los fraudes se detectan por denuncias (31%), el 54% de las organizaciones no ejerció alguna acción penal sobre el personal fraudulento, pese a darlo de baja; sólo el 33% abrió un proceso penal contra el perpetrador.
Asimismo, en cuanto a las medidas de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, más del 40% de las organizaciones no toman acciones al encontrar casos de corrupción, ya sean detectadas por mecanismos internos o por terceros.
Hayesa aclaró que esto puede ocurrir en la medida de cómo funcionan los mecanismos internos de las empresas; mas permiten la impunidad, y que las personas continúen cometiendo fraudes en otras empresas u organizaciones.
Costos por corrupción
Uno de los focos de atención es la estimación económica, ya que se estimaron pérdidas desde 100 mil y hasta 5 millones de pesos, donde el 27% de las organizaciones perdió hasta 500 mil pesos en fraudes y el 8% de ellas, no logró cuantificar sus pérdidas. En ese sentido, Hayes asegura que de aquí emana la necesidad de invertir en programas anti-fraude.
El 72% de las organizaciones consideran que la corrupción representa costos para los negocios, 90% encontró que el daño se encuentra entre el 5% y 35% de las utilidades netas de la empresa y el 30% manifiesta haber perdido contratos o licitaciones por no pagar un soborno.
Ciberataques
Otra arista delicada es la de la ciberseguridad, y es que en un entorno que se está digitalizando aceleradamente por la pandemia, y el auge del e-commerce, podrían aumentar los ciberataques.
Hasta antes de la pandemia, los incidentes más frecuentes habían sido malawares (51%), suplantación de identidad de proveedores o personas vía correo electrónico (41%) y phishing (engaño para hacer acciones que no se harían normalmente, en 32%). Estos ataques representan daño económico por 1.2 millones de pesos.
Sin embargo, el 52% de las organizaciones no identificó el origen del incidente y 75% tardó entre uno y hasta siete días en identificar el incidente, por lo que, de cara a la digitalización, podría ser importante invertir en ciberseguridad.