Ante los altos índices de eventos delictivos que registra nuestro país, Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), destacó la urgencia de contar una Ley General de Seguridad Privada acorde a los momentos que está viviendo México.
En entrevista con medios de comunicación, explicó que el sector ha crecido 25% en los últimos cinco años, además de representar el 1.8% del PIB y emplear a más de 800 mil personas.
“Ante los altos índices de inseguridad y que las autoridades están siendo omisas en muchos aspectos, el principal reto que estamos enfrentamos es contar con una ley acorde a los tiempos que estamos viviendo”, señaló.
Explicó que hace 13 años se creó la Ley de Seguridad Privada, misma que se aprobó en Cámara de Diputados, pero “las autoridades no le han dado seguimiento y está totalmente estancada”.
Agregó que con el cambio de gobierno se ha modificado dicha ley, por lo que ya existe una tercera versión, por lo que la AMESP esperaría que se pruebe, aunque reconoció que ante los tiempos electorales y a meses de concluir este sexenio, se vislumbra complicada su aprobación.
Gabriel Bernal apuntó que contar una ley general permitirá tramitar un solo permiso para trabajar en todo el país, lo cual es de suma importancia para el sector y para toda la población, al ser coadyuvantes de la seguridad.
Recordó que con un permiso federal, las empresas pueden ofrecer siete tipos de servicios como custodia de mercancías, alarmas, guardias, vigilancia intramuros armados y no armados e investigaciones.
“Muchas veces vamos custodiando un camión, pero el que cada estado tenga un permiso diferente nos afecta, porque nos están parando y nos dejan hacer nuestra labor”, afirmó Bernal Gómez.
AMESP reclama sobrerregulación
A decir de Gabriel Bernal, una empresa que ofrece servicios de seguridad a nivel nacional necesita más de 50 permisos para poder trabajar en el país, situación que calificó como una sobrerregulación inédita, al señalar que difícilmente otro sector necesita 50 licencias para operar con el costo económico de lo que esto representa.
“En Morelia, por ejemplo, me cobran cinco mil 500 pesos por dar de alta a un trabajador, mientras que en la Ciudad de México el costo es de mil pesos. De acuerdo con la Constitución Política está prohibida la doble tributación, por lo que se está incurriendo en una falla, nos están cobrando por un permiso federal y por un permiso estatal, lo cual, merma las ganancias de los empresarios”, añadió.
Abundó que en el país existen alrededor de mil 600 empresas de seguridad que cuentan con un permiso federal, no obstante, debido a la sobrerregulación impide conocer el número exacto.
Recientemente, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados también hizo un llamado para aprobar la Ley General de Seguridad Privada con la finalidad de regular a más de dos mil empresas que operan de manera irregular, además de normar el tipo de armas que pueden portar los elementos de seguridad privada.
Congreso Panamericano de Seguridad Privada
Finalmente, el ejecutivo señaló que con el objetivo de modernizar la oferta de valor del sector, la Ciudad de México será sede del 17 Congreso Panamericano de Seguridad Privada, el cual se llevará a cabo del 15 al 18 de mayo próximos en el Hotel Barceló.
Apuntó que el foro busca el intercambio de mejores prácticas para evolucionar la oferta de valor del sector incorporando tecnología digital, innovadores modelos de profesionalización y el desarrollo de esquemas de servicio híbridos, entre empresarios, autoridades y clientes de México y América Latina.
De acuerdo con la AMESP, el sector es uno de los 10 empleadores más fuertes en México con personal para el traslado de valores, blindaje, custodias, alarmas, investigadores, ciberseguridad, entre otros.