Es bien conocido que el autotransporte de carga es una actividad esencial para la economía del país. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) aporta alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que es necesaria para que todos los bienes y servicios lleguen hasta los hogares.
Dicha situación se vio exacerbada durante los confinamientos derivados de la pandemia que acaba de cumplir un año de haber llegado a nuestro país, cuando se reconoció la importancia del autotransporte en el reparto de bienes básicos, como alimentos, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad.
Pese a esto, es un segmento que no queda exento de sobrerregulaciones que entorpecen su óptima operación y causan estragos en la movilidad de mercancías.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) define la regulación como una intervención de las autoridades para perseguir objetos de política pública, como pueden ser la protección del medioambiente o la garantía de la seguridad.
No obstante, señala el organismo, existen casos donde las normas y las regulaciones restringen el funcionamiento de las actividades de forma innecesaria y “reducen la competencia sin cumplir el objetivo de política pública para el cual fueron diseñadas”.
De acuerdo con la CANACAR existen tres tipos de restricciones principales: de carga y descarga, de vialidades y de horarios, que se aplican tanto para los vehículos que transportan hacia los centros de distribución como para los que van hasta el usuario final.
Incongruencia política
Uno de los principales focos de alarma referentes a las sobrerregulaciones para la circulación del autotransporte en las ciudades está en la promoción de reglamentaciones que son incongruentes a nivel federal, estatal y municipal, llegándose a contradecir una con otra, algo en lo que coinciden la CANACAR y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Enrique González Muñoz, presidente de la CANACAR, señala que se han dado casos en los que autoridades locales pretenden restringir la circulación y entrada al transporte de servicio público federal sólo con la finalidad de cobrar un impuesto, a pesar de que este tipo de vehículos no ingresa a los primeros cuadros urbanos y ya está regido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia que incluso ha exhortado a que estados y municipios no sobrerregulen.
“Esto nos genera mayor tiempo en la entrega, distribución y recolección de las mercancías que llevan a las diferentes entidades. Lamentablemente muchos de estos controles que se están haciendo son meramente recaudatorios, lo que genera un impacto grave para el sector del autotransporte”, afirma el presidente de la agrupación en entrevista con Alianza Flotillera.
Entidades como Nuevo León, Jalisco, la zona metropolitana de la capital del país y Puebla, entre otras, son las que han intentado implementar este tipo de medidas.
Entre casos de duplicidad y contradicciones en las regulaciones, Leonardo Gómez, director general de la ANTP comenta que los permisos otorgados por las autoridades “desvirtúan el objetivo principal que es la movilidad y lo ven más como la oportunidad para obtener recursos derivados de la carga y descarga”.
El directivo de la ANTP, que agrupa a firmas de distribución urbana, señala que este tipo de limitantes muchas veces parecerían “un impuesto a la distribución”, ya que las limitantes para circular en ciertas avenidas o las zonas de carga y descarga requieren de un permiso que tiene un costo que en ocasiones es excesivo.
“Eso lo convierte en inviable o más costoso y finalmente impacta al producto y al consumidor final”, dice.
En este sentido, el especialista en movilidad Bernardo Baranda, director regional Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus iniciales en inglés), apunta que “hay muchas áreas de oportunidad para buscar que la regulación no sea un pretexto para hacer cobros indebidos, sino más bien que sea una situación en la que todos se beneficien, la industria, la autoridad y sobre todo la ciudadanía”, señala.
Y es que las reglamentaciones adecuadas para el transporte en las ciudades son de gran importancia en lo económico y en lo social. Al respecto, el directivo de la ANTP pone como ejemplo el área metropolitana de la capital del país, donde se requiere atender las necesidades de abasto de productos para alrededor de 20 millones de personas todos los días, por lo que limitar las operaciones conlleva riesgos importantes.
En ello coincide el directivo del ITDP, quien califica al transporte de mercancías como fundamental para el funcionamiento de la economía y las ciudades, por lo que es importante encontrar un equilibrio entre una regulación efectiva que no perjudique a la industria y al mismo tiempo evitar posibles impactos negativos que pudiera tener el transporte.
En cuestión de regulaciones efectivas, a decir de Leonardo Gómez, hay un rezago importante en México con respecto a otros países donde se han visto buenos resultados con estacionamientos inteligentes, ordenamiento de las vialidades y programas de mejora para la distribución en los centros históricos, logrando que haya una convivencia de movilidad sin provocar limitaciones a la distribución.
Es posible una solución
El principal punto de coincidencia entre los especialistas es la cooperación entre asociaciones, academia, empresas y gobierno para implementar mejores reglamentaciones que no se contradigan.
De acuerdo con el presidente de CANACAR ya se encuentra en el congreso mexicano una nueva ley general de transporte consensuada entre cámaras y asociaciones, donde también participa la ANTP, para determinar, entre otras cosas, asentar de forma clara cuáles son las áreas de los estados y municipios en regulación al transporte de servicio público federal.
En tanto que para Leonardo Gómez la solución para tener mejores regulaciones es el trabajo conjunto entre los sectores industriales, transporte, gobierno y sociedad, en una “coordinación que permita establecer con claridad objetivos como seguridad vial, el cuidado del medioambiente y la infraestructura”. Asimismo, destaca que ya está en el congreso una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde se busca sincronizar esfuerzos.
Como ejemplo de una buena implementación de regulaciones, el directivo de la ANTP destaca a Querétaro, donde hubo apertura por parte de las autoridades y asociaciones para que las unidades locales pudieran registrarse de forma gratuita para circular en horarios restringidos y hacer que las unidades provenientes de otros estados utilizaran los libramientos.
Para el ITDP el tema de las regulaciones en transporte de carga es poco tratado en sectores que no son especializados, pese a la importancia que tiene. “Ha faltado más creatividad y transparencia por parte de las autoridades para encontrar esquemas que funcionen para todos, para la industria, la ciudadanía y para los consumidores”, afirma Baranda.