En México hay más de 154 mil empresas transportistas que mantienen activo el comercio de forma local e internacional, con el traslado de mercancías, y cuya actividad contribuye con aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Debido a su relevancia e importancia en la economía nacional, este sector debe tomar acciones que le ayuden a prevenir y detectar el lavado de dinero en su interior, coincidieron especialistas consultados por Alianza Flotillera.
Lo anterior, porque son susceptibles de ser utilizadas para realizar actividades ilegales, pese a que el sector del autotransporte no se encuentra entre las 17 actividades vulnerables consideradas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado.
De acuerdo con Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se conoce como lavado de dinero al procedimiento mediante el cual, las organizaciones criminales disfrazan u ocultan el origen ilícito de los ingresos monetarios provenientes de sus actos, a fin de obtener ganancias para un individuo o grupo.
Falta de conocimiento
Alejandro Ponce, director general de la firma Consultoría en Actividades Vulnerables, estima que en México se lavan alrededor de 25 mil millones de dólares al año en todas las actividades económicas del país.
El especialista indica que en nuestro país la falta de conocimientos en la legislación en materia de lavado y de cultura de la prevención hace vulnerables a las empresas, como las firmas transportistas, de incurrir en este delito.
“Sólo el 50% de las empresas toman acciones contra el lavado de dinero, aun cuando existen tecnologías que ayudan a detectar al 100% una operación ilícita. La mayoría de las compañías desconocen que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales”, dijo.
En ese sentido, explica que los permisionarios del transporte terrestre de carga pueden tomar acciones muy sencillas que les permitan reducir la posibilidad de ser utilizadas por delincuentes tales como: cumplir con sus obligaciones fiscales, emitir y solicitar comprobantes fiscales según sea el caso, solicitar credenciales de tanto de sus clientes como proveedores de servicio, establecer en contratos en el que se especifiquen qué tipo de mercancías se está transportando y del servicio que se está recibiendo, así como la procedencia de los productos.
Acciones a tomar
Para Guillermo Donjuán, director de prevención de lavado de dinero de TMSourcing, algunos de los eslabones para el desarrollo de la actividad de las firmas transportistas, como el arrendamiento de inmuebles (con renta superior a los 139 mil pesos mensuales) el outsourcing de personal, la compra de camiones, por ejemplo, sí están considerados como actividades vulnerables.
“En la oferta de este tipo de servicios la ley establece que, quienes los ofrezcan están obligados a identificar a sus clientes y usuarios mediante la solicitud de una copia de sus credenciales o documentación oficial”, comenta.
En ese sentido, explica que las firmas transportistas están obligadas a entregarle a sus proveedores toda la documentación, desde su identificación oficial, CURP y RFC, hasta los documentos soporte de cada operación que realizaron, dado que la ley les exige el resguardo, hasta por cinco años, de toda su información.
Dice que, como una práctica sana, las empresas del ramo deben tomar acciones como la creación de un departamento a su interior encargado de vigilar que todas las operaciones que realizan están dentro de lo que marca la ley e identificar y verificar la identidad de los clientes y proveedores sin excepción.
“Esta área debe contar con personal capacitado en prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita y cuyas funciones deben radicar no sólo de vigilar sino también en reducir al máximo el pago de servicios en efectivo y tener un conocimiento total acerca de las operaciones financieras que realiza la empresa”.
La tecnología, una aliada
Octavio Máynez, director general de Be Cloud, empresa desarrolladora de la herramienta tecnológica Prevenet, asegura que el uso de la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico para el cumplimiento de la ley antilavado, así como para prevenir incurrir en este ilícito.
Comenta que, a través de software especializado, los sujetos obligados, pueden gestionar de forma automatizada cada uno de los procesos que exige la legislación en cuanto a gestión y resguardo de la información de los clientes/operaciones realizadas, tecnología que también puede ser aprovechada por las empresas que no están sujetas por ley.
“Este software permite que las empresas, por ejemplo, tengan ahorros de hasta 50% de costos de gestión de información y que disminuyan a la mitad el tiempo destinado para estos trabajos”, puntualiza.
