A finales del año pasado, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador implementó un plan para combatir el robo de combustible en el país.
Uno de los principales ejes de acción fue cerrar ductos de suministro para efectuarlo por transporte terrestre a fin de evitar las tomas clandestinas.
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Dicho cambio trajo problemas de abastecimiento de hidrocarburos, principalmente en la zona del Bajío, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, donde las afectaciones se extendieron durante semanas en algunos casos.
Como parte de la estrategia, la administración federal hizo la compra de más de 600 nuevos autotanques para dar apoyo al transporte de hidrocarburos.
En un total de cinco contratos de entendimiento se estipularon los montos de inversión, las empresas con las que se llegó al acuerdo, las capacidad que tendrán para los traslados y los periodos de entrega.
Dichos acuerdos no se efectuaron mediante el lanzamiento de una licitación normal, ya que la situación de emergencia requería una compra inmediata, de acuerdo con la administración federal.
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