 A partir del 15 de abril y durante 18 meses, 1 millón 140,000 familias mexicanas que consumen gas natural de uso doméstico hasta 47 metros cúbicos al mes, tendrán una reducción en sus tarifas de 28 por ciento. Sin embargo, para el sector empresarial no aplica esta medida, sino que se tiene que trabajar en soluciones, como posibles alianzas entre el gobierno y la iniciativa privada nacional o extranjera para instalar proyectos de terminales de gas que importen el energético más barato de Perú, Bolivia, Australia o Indonesia. |
El subsidio al gas natural para uso doméstico no resuelve el problema de fondo de los energéticos en el país. Al respecto, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), ha señalado que México cuenta con “amplias reservas potenciales de energéticos, aspecto que debería ser motivo de tranquilidad y confianza para los sectores productivos”, pero “la realidad es muy distinta ya que el país es importador neto no sólo de gas natural, también de gasolina, productos refinados y petroquímicos”.
Lo anterior agrava nuestra dependencia energética, principalmente de Estados Unidos. Tan sólo entre septiembre del año pasado y enero de 2005 el volumen promedio diario de importación de gasolina pasó de 61 mil a 241 mil barriles; es decir, un incremento de 295 por ciento. Asimismo, casi cinco de cada 10 litros de gasolina que hoy consume el parque vehicular mexicano se producen fuera del país, en tanto que las importaciones equivalen a 60 por ciento de la producción local.
Ante esta problemática, México se encuentra en una posición altamente vulnerable, pues a pesar del aceptable nivel de precios del barril de petróleo, el país prácticamente no ha aumentando la producción ni ha modernizado su infraestructura como lo hacen sus competidores, caso específico: Canadá, Noruega y Brasil, quienes han implementado estrategias de participación privada para incrementar su producción energética.
El subsidio al gas natural de uso doméstico es sólo una “aspirina” para una compleja problemática, pues no permite ofrecer precios competitivos a nivel mundial. La solución, que debido a intereses partidistas de diferente color se ha pospuesto durante años, es una Reforma energética integral que dé certidumbre a los industriales mexicanos e impulse la competitividad de las empresas transportistas, cuya óptima administración de su flota depende del precio y calidad del combustible.
La aprobación de una Reforma energética beneficiaría al sector del transporte, por ejemplo, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (ANDLP), existen 700 mil vehículos que usan gas LP, de los cuales 250 mil se mueven en el Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). Aproximadamente 450 empresas mueven 27 mil camiones y tractocamiones para abastecer de gas LP en todo el país.
Así pues, es urgente que la iniciativa privada y el gobierno federal impulsen la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para buscar la aprobación de esta Reforma. En este sentido, la propuesta de la Concamin, de febrero de este año, para impulsar la seguridad y competitividad energética de México, con base en un desarrollo sustentable, es una alternativa viable y necesaria para el país. Sin embargo, la tarea no es fácil considerando la postura en contra de varios legisladores.
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