Cada año, Estados Unidos desecha cerca de 668 mil camiones; mientras que en México se comercializan en promedio 50 mil en el mismo periodo, afectando a la industria nacional.
Según lo pactado en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), a partir del primero de enero de este año, quedaron exentos de impuestos los camiones y autobuses de hasta 10 años de antigüedad procedentes de Estados Unidos y Canadá que entren al país, lo cual generará graves consecuencias al sector ante una depreciación de tarifas en el servicio, bajas en la producción y en la venta de unidades pesadas, y una mayor inseguridad en las carreteras.
De acuerdo con análisis de la industria, anualmente el vecino país del norte desecha aproximadamente 668 mil camiones; mientras que en México se comercializan en promedio 50 mil unidades en el mismo periodo, lo que ejemplifica el gran problema que se avecina.
Juan José Guerra Abud, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), anticipó que esta medida suscrita en el TLCAN propiciará una competencia desleal principalmente en el transporte de carga, ya que cualquiera podrá comprar un camión usado y empezar a ofrecer los servicios de traslado de mercancías.
Señaló que estas unidades no pagarán la misma cantidad de impuestos que las comercializadas en el país, además el conductor contará con peores condiciones de operación, seguridad y mantenimiento.
A ello, dijo, se agrega que los dueños de dichos vehículos podrán proporcionar el servicio de carga y pasaje hasta un 40 por ciento más barato que un transportista establecido formalmente y que trabaja con unidades en mejores condiciones.
Una situación similar ya se vivió en Sudamérica, al respecto, Bruno Aberasturi Seoane, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transporte de Carga por Carretera de Perú, (Anatec), explicó que cuando en su país se dio la eliminación de impuestos a la importación de unidades se perdieron más de 600 empresas de diferentes dimensiones, y de tener un promedio de 150 compañías con flotillas de 100 unidades, actualmente sólo predominan cerca de 10.
Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), advirtió que la apertura total a la importación de vehículos usados es inconstitucional, al violar el artículo cuarto, que estable el derecho al desarrollo en un medio ambiente sano; así como el artículo 15, que prohíbe celebrar tratados internacionales que alteren las garantías previstas por la Constitución; además de los artículos 25, 26 y 27 que establecen las reglas sobre la rectoría económica del país.
Proponen medidas
La Anpact asegura que hay una oferta potencial en Estados Unidos de más de 540 mil camiones usados considerados chatarra que podrían entrar al país.
Ante esto, los empresarios del sector y transportistas piden a las autoridades establecer algunas medidas para contrarrestar los graves efectos de la apertura, entre las que destacan: promover mayores incentivos fiscales y sistemas de financiamiento; una propuesta fiscal integral que permita la expansión del Programa de Chatarrización al esquema estatal y municipal, para que de esa forma se adquieran más unidades nuevas fabricadas en México.
En este último punto, a la fecha no se han registrado los resultados esperados, pues de las 150 mil unidades que debieron chatarrizarse durante el 2006, sólo cinco mil entraron al Programa.
Norma ambiental
Entre las medidas también está el exigir que las unidades usadas que ingresen a México mediante lo estipulado en el TLCAN, cumplan con la norma ambiental EPA 04, la que actualmente tienen que cumplir los transportistas mexicanos.
La EPA 04 obliga a contar con motores más revolucionados para mitigar los efectos contaminantes del diesel utilizado.
Con la exigencia de dicha norma, se pretende evitar la entrada de camiones considerados “chatarra” en EU, que al llegar a México generarían un efecto negativo a los productores de camiones.
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