La Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), conformada por concesionarios de transporte urbano, comercios ambulantes, demandantes de vivienda, vagoneros, carretilleros y trabajadores no asalariados; anunciaron una marcha para el próximo 25 de febrero a las tres de la tarde. Esta movilización irá del metro viaducto a la Plaza de la Constitución, para solicitar al Gobierno del Distrito Federal (GDF) atención y cumplimiento a sus demandas.
La AMOS, extendió el pasado 4 de febrero, una lista de peticiones al GDF dónde solicitaba hacer públicos los objetivos a seguir como proyecto de ciudad, para que los transportistas puedan definir sus inversiones y no caigan en la morosidad de sus pagos.
En conferencia de prensa, la Alianza agregó que de no recibir respuesta por parte del GDF durante los 15 días posteriores a la marcha, las más de ocho mil personas que integran esta agrupación realizarán un paro cívico.
El representante de la Unión de Transportistas Nacionales “Nuevo Milenio”, Nicolás Vásquez Figueroa, señaló que el sector del transporte urbano se ha visto afectado con las nuevas concesiones que el GDF ha otorgado sin realizar estudios previos que indiquen la necesidad de más transporte y los beneficios o afectaciones de los usuarios .
Agregó que proyectos como la línea 12 del metro y el metrobús, obligarán a los transportistas a reubicar sus rutas.
Otra de las peticiones es la creación de un corredor vial para transportistas de la ruta siete, que operan desde puente negro hasta el metro San Lázaro, sobre la Avenida Eduardo Molina. Quienes también piden sustituir su flota de 83 microbuses, por 54 autobuses Torino, de Mercedes-Benz.
La renovación de unidades es, precisamente, una demanda de todos los transportistas. Actualmente el GDF apoya a los nuevos transportistas con un bono de 100 mil pesos para dar como enganche en la adquisición de unidades nuevas. Sin embargo, para el presidente de la ruta siete la cantidad es insuficiente, ya que la crisis económica “paró” casi todo el crédito que los distribuidores otorgaban y elevó los precios de las unidades, señaló.
González Hernández dijo que la adquisición de autobuses nuevos es complicada, pues los vendedores solicitan al comprador un aval de 2 ó 3 veces el valor total de la unidad, dinero que no poseen. Es por ello que necesitan facilidades por parte del gobierno de la ciudad para dejar de operar como asociación y comenzar a “trabajar a nivel empresarial, para que el aval vaya sobre la empresa y no sobre una persona”.
Entre las peticiones presentadas por la AMOS se encuentran la revisión y ajuste de las tarifas de transporte, entrega de autorizaciones para las rutas 49 y 53, y el retiro de carros de golf que prestan servicio de transporte colectivo.
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