Columna invitada de Lily Leal, Presidenta de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas (ANTT).
En México, el transporte turístico enfrenta una realidad compleja que durante años ha sido poco atendida fuera de nuestro sector. Quienes diariamente recorremos las carreteras del país trasladando turistas nacionales e internacionales sabemos que brindar un servicio seguro y de calidad implica mucho más que conducir una unidad: significa operar entre regulaciones fragmentadas, contradictorias y, muchas veces, sin una visión integral enfocada en la movilidad turística.
Las empresas de transporte turístico federal nos encontramos reguladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), autoridad encargada de normar nuestra operación en carreteras federales mediante permisos, licencias, seguros, revisiones físicomecánicas y múltiples obligaciones administrativas que cumplimos para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros.
Sin embargo, la realidad cambia al ingresar a las ciudades y destinos turísticos de cada estado de la República Mexicana.
Aunque nuestro servicio es federal, al operar en municipios y zonas urbanas enfrentamos legislaciones locales distintas en cada entidad e incluso en cada ciudad. Cada estado tiene sus propios reglamentos de movilidad, tránsito y transporte; mientras que cada municipio establece criterios diferentes sobre circulación, accesos, estacionamientos, horarios y puntos de ascenso y descenso de pasajeros. Esta falta de homologación afecta directamente la logística y operación del transporte turístico.
Hoy, un transportista puede salir completamente en regla desde un estado y horas después encontrarse con restricciones distintas en otro destino. Lo permitido en una ciudad puede representar una infracción en otra. En muchas ocasiones no existen señalamientos claros ni lineamientos específicos para unidades turísticas, obligando a operadores y empresas prácticamente a ‘adivinar’ rutas permitidas, accesos autorizados o lugares adecuados para estacionarse.
Esta incertidumbre genera pérdidas de tiempo, retrasos, desgaste operativo y conflictos derivados de interpretaciones distintas de la normativa. Resulta contradictorio que un sector tan importante para el turismo nacional continúe operando sin un ordenamiento homologado que contemple las verdaderas necesidades de la movilidad turística.
Además, muchas ciudades carecen de infraestructura adecuada para el transporte turístico. No existen suficientes bahías para ascensos y descensos, espacios seguros de estacionamiento ni rutas claramente definidas para autobuses turísticos. Esto obliga a improvisar constantemente mientras se busca cumplir horarios y garantizar la seguridad de los pasajeros.
A ello se suma la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Mientras la regulación federal nos autoriza para operar en carreteras, en lo local prevalecen disposiciones que muchas veces no consideran la realidad del turismo carretero.
El transporte turístico es una pieza fundamental para el desarrollo económico de México. Millones de personas se movilizan por carretera cada año gracias a este sector, generando empleos, conectividad y derrama económica para cientos de destinos.
Por ello, hacemos un respetuoso llamado a la Cámara Alta, la Cámara Baja, comisiones legislativas, congresos estatales y autoridades de los tres niveles de gobierno, para abrir espacios de diálogo y trabajar en la construcción de un marco normativo más armonizado, moderno y funcional para el transporte turístico en México. Necesitamos reglas claras, infraestructura adecuada y coordinación institucional que permitan operar con certeza, seguridad y orden.
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