De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT (SIBRT), debido a los múltiples obstáculos institucionales, hay un freno para impulsar el tema de movilidad en México.
Ante ello, Luis Ricardo Gutiérrez Aparicio, secretario general de la SIBRT, expresó que el país debe seguir el ejemplo de Brasil e impulsar la construcción de un estatuto en las ciudades, tal como un ministerio exclusivo para regular y acompañar su desarrollo.
Esta acción tendría como consecuencia una mejora en la organización de las urbes, se elevaría la productividad y se evitarían pérdidas que van aproximadamente del nueve por ciento del producto interno bruto, ello de acuerdo con Gutiérrez Aparicio.
“El tema urbano exige una secretaría, un ministerio absolutamente especializado, con respuestas contemporáneas. No puedes tener una secretaría que se encargue del tema urbano, territorial y agrario al mismo tiempo. Eso es rarísimo, todo un enredo”, afirmó.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no cuenta con el andamiaje institucional, ni el presupuesto necesario para hacerse cargo del tema de la regulación de las ciudades, pues son ambientes complejos que requieren de una atención especializada y capacidad de acción sobre todos los rubros que competen al desarrollo urbano, reiteró.
El representante de SIBRT advirtió que la falta de movilidad propicia que México pierda anualmente más del nuevo por ciento del PIB, pues a decir del investigador los cálculos que se hacen generalmente son conservadores y no contemplan las pérdidas que se generan no sólo por falta de competitividad, sino por la reducción en la calidad del nivel de vida de los ciudadanos, contaminación ambiental, salud y accidentes viales, lo cual, se contrapone a las políticas de desarrollo económico que aspiran a crecer 1 o 2 puntos porcentuales por año.
Finalmente, cuestionó los límites burocráticos que impiden la continuidad de servidores públicos en un mismo cargo, más aún tratándose de alcaldes con periodos de gobiernos no mayores a 3 años.
Consideró que estos son ejemplos de trabas institucionales que complican el desarrollo de programas de largo plazo, como son generalmente los relacionados al transporte y la movilidad.