Lulú Sierra/Sandra Diaz
Playa el Carmen, Q.R.- La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), es utilizada por algunos municipios del país como un medio recaudatorio, aún cuando ese no es su fundamento de creación, denunciaron transportistas.
El ordenamiento legal es confundido por presidentes municipales como una ley recaudatoria, por lo que es necesario involucrarlos para trabajar en el tema, propuso Julio Mora, delegado de CANACAR en Jalisco, al terminar el panel empresarial “Ley de movilidad y Seguridad Vial, Retos y Siguientes Acciones”.
En los municipios de Monterrey e Hidalgo se exceden en esa aplicación con los transportistas, por lo que los de Monclova, Coahuila, ya no quieren pasar por ahí, enfatizó el diputado federal Francisco Javier Borrego en el marco de la “Convención CANACAR 2022” que se realiza en este lugar.
Se prevé que la mitad de las entidades federativas del país no lograrán la armonización de sus leyes con el ordenamiento federal en noviembre del presente año, establecido como fecha límite. El problema es que no cuentan con leyes estatales o no implementaron las acciones para concordarlas con la federal, coincidieron el diputado Manuel Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y Diego Monraz, secretario de Transporte del Estado de Jalisco.
Hay preocupación por la sobrerregulación que se puede dar; el reto son los acuerdos entre distintas instancias, para lo cual se hicieron reuniones de comités directivos tendientes a buscar mecanismos que se acuerden con autoridades, expuso Elena Robles Sahagún, prosecretaria de Transporte Consolidado de CANACAR.
“Hace falta regulación o ejecución para beneficio del autotransporte, existe un vacío en la ejecución por falta de homologación. Más de la mitad de los estados que tienen una ley de movilidad, no están trabajando para ejecutarla. Se necesita una agenda de gobernadores y una de alcaldes para la homologación”, puntualizó por su parte el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.
En el caso de Jalisco, se concretaron ocho líneas de acción con respecto a la implementación de la ley: el derecho humano a la movilidad accesible, cuidado de las mujeres con perspectiva de género transversal y movilidad en la crisis climática, entre otros. Se tiene contemplado la creación del Sistema Estatal de Movilidad para homologarse con el Sistema Nacional de Movilidad, indicó Diego Monraz.
José Antonio Vazquez Rodríguez, vicepresidente de CONCAMIN, destacó la relevancia del autotransporte en la economía nacional, por lo que recomendó la implementación de mecanismos y acciones para su competitividad como instaurar el Estado de Derecho en materia de seguridad y habilitar la infraestructura. Ello estimula inversiones nacionales y extranjeras.
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