·Estos cambios deben realizarse con una postura proactiva y favor de la sustentabilidad: Claudio Varano
Representantes de Brasil, Argentina y Perú propusieron nuevos enfoques para la movilidad en América Latina, que implican cambiar el marco legal de los países, su diseño operacional y financiero, aplicar tecnologías de punta, emprender una transformación empresarial y promover sistemas integrados del transporte.
El argentino Claudio Varano, estudioso del transporte y el desarrollo, aseguró que estos cambios deben llevarse a cabo como un sistema integral que comprenda primordialmente una postura proactiva a favor de la sustentabilidad.
Por su parte, el arquitecto urbano Emilio Merino Domínguez, Consejero Estatal del Instituto de Arquitectura de Brasil, habló sobre la nueva Ley de Movilidad de Brasil, la cual propone un nuevo horizonte en que el gobierno tome conciencia del derecho de los ciudadanos a la movilidad.
Merino Domínguez explicó que en esta nueva ley se estipulan 25 artículos que enmarcan las directrices del planteamiento del sistema de movilidad urbana de la republica brasileña. Bajo la nueva política, las entidades federativas se ven obligadas a definir tarifas, así como aclarar los derechos de los usuarios a ser informado, en los puntos de embarque y desembarque en las rutas, horarios, precios de los servicios y modos de interacción con los otros modos.
En su intervención Luis Ricardo Gutiérrez Aparicio, Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT (SIBRT), invitó a los asistentes a la Cumbre de Ciudades Lideres en Movilidad Sustentable de América Latina que se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto del 2014 en Lima- Perú.
A la cumbre asistirán más de 50 alcaldes líderes de América Latina para definir un plan de acción común que permita cambiar paradigmas, estableciendo mecanismos de cooperación permanente en la región. El especialista afirmó que de esta manera se compromete a los a gobierno nacionales e intermedios, organismos regionales, sector privado y sociedad civil para que la movilidad sea reconocida globalmente como un derecho social, que permita la estructuración de ciudades con salud, calidad de vida y competitividad.
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