Desde las seis de la mañana del próximo 19 de septiembre, transportistas de todo el país que llegan a Monterrey o que pasan a la frontera, protestarán en las entradas principales de las carreteras que entran a la zona metropolitana de la ciudad, avisó Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM.
Lo anterior, como consecuencia de la nula respuesta del gobernador estatal, Samuel Alejandro García, a una petición de audiencia por parte de la CONATRAM, hecha desde el 4 de agosto del presente.
Según Elías Dip, la intención era dialogar con él sobre la situación que viven los transportistas y conductores. El motivo es la corrupción, extorsión y colusión entre policías municipales, estatales y empresas de grúas.
El presidente de la CONATRAM, señaló que el modus operandi de los policías es el siguiente. En primer lugar detienen la unidad. En segundo lugar, “ayudan” al conductor solicitándole mínimo 20 mil pesos. Ante negativa, lo amenazan con pedir la grúa y llevarse el tractocamión al corralón.
Así, el operador y/o dueño del tractocamión tendría que pagar arrastre de grúa, cobro de pensión y multa. En consecuencia, llega “a un arreglo forzoso para dejarlo que siga su camino”.
Los detienen por…
Elías Dip señaló que son varias causas por las que los policías detienen a los camiones y tractocamiones de afiliados a la CONATRAM. Principalmente en municipios como Apodaca, El Carmen, Guadalupe, Hidalgo, Monterrey, San Nicolás y Santa Catarina, entre otros:
– Entrar o salir de la ciudad fuera de horario aunque sean cinco minutos.
-Viajar tres en la cabina (“En la mayoría de los casos es guía o machetero”, dijo).
-Pasar el semáforo en amarillo.
-Falta de lodera.
-Rotura de cristal.
-La carga lleva altura que sobrepasa lo permitido según criterio del policía.
-Verificación vencida ya sea física mecánica o anticontaminante, “autoridad facultada para verificar deberá ser de ámbito federal”.
-Checar documentos de la unidad, por mencionar algunos.
Manifestó que el objetivo de la protesta es proteger el patrimonio de los transportistas y que a los operadores no les “siembren” droga.
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