Ante la petición del ministro Luis María Aguilar de declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa por considerarla una medida que violenta la presunción de inocencia y los derechos humanos, los representantes de las cámaras cúpula del sector transporte, manifestaron que esta debe permanecer.
“Para impedir la sustracción de la justicia de los presuntos delincuentes; eliminar cualquier oportunidad de fuga de los acusados mediante el proceso de puerta giratoria; proteger a la víctimas y a sus familias de los agresores; evitar la reincidencia del delincuente y la comisión de otros delitos contra la sociedad, entre otros”, externaron en comunicado conjunto.
Las cámaras: del Autotransporte de Carga, CANACAR y Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, CAMEINTRAM; las asociaciones Nacional de Transporte Privado, ANTP y Mexicana de Ferrocarriles, AMF, así como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, destacaron que la prisión preventiva oficiosa se estableció como medida cautelar en el artículo 19 de la Constitución.
“Determina sancionar a quienes cometan robo contra el autotransporte de carga, pasaje, marítimo y ferroviario, en cualquiera de sus modalidades, entre otros delitos graves”, declararon.
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa, argumentaron, representará un riesgo para la atención de la víctimas de los delitos considerados como graves y beneficiará a los grupos criminales que no serán sujetos a un procedimiento penal pronto y expedito, al tener la garantía de la presunción de inocencia, lo que les permitirá extraerse de la impartición de justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, toma la decisión hoy 5 de septiembre. Se necesitan ocho votos de los ministros para anular o aprobar la propuesta de Luis María Aguilar.
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