Con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el Senado de la República dio luz verde a que se aplique la prisión preventiva por el robo al transporte y otros delitos graves.
La iniciativa había pasado a la Cámara de Diputados quien la palomeo, pero pidió descartar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica.
El Senado concedió el cambio al argumentar que implicaría la creación de un tipo penal que no fue incorporado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal.
Los legisladores, también armonizaron las leyes secundarias para aplicar plenamente esta medida cautelar y evitar malinterpretaciones en la impartición de justicia.
Tras estos cambios, ya se estableció que los delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa son feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.
La mesa directiva envió el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
A favor y en contra de la prisión preventiva
“Estamos otorgando mayor capacidad a las autoridades judiciales para actuar de manera inmediata y contundente”, señaló Nancy Sánchez Arredondo, senadora de Morena.
El lesgislador, Eruviel Ávila Camacho, respaldó el dictamen y expuso la importancia de incluir la portación ilegal de armas de fuego dentro del catálogo.
A nombre del PT, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas dijo que es una medida que contribuirá a la pacificación del país.
Pese al visto bueno del Senado, hubo legisladores como Damián Zepeda del PAN que señaló que esta medida “es la mayor violación a los derechos”.
Por el PRI, Claudia Ruiz Massieu señaló que la prisión preventiva “atenta contra el principio de presunción de inocencia y valida la restricción a la libertad de una persona”.
El senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, expresó que estas medidas legislativas son autoritarias y contrarias a la Constitución.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza explicó que no se puede seguir avanzando en la construcción de un sistema punitivo, que es regresivo en materia de los derechos humanos.