La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) llamó a las autoridades hacendarias y legislativas a revisar la reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal por el uso de autopistas de peaje, luego de que la Cámara de Diputados aprobara disminuirlo de 300 a 250 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.
En prensa, Augusto Ramos, Presidente Nacional del organismo, sostuvo que las condiciones fiscales deben reconocer los costos operativos del sector. Ademas de contribuir a la continuidad de las empresas, la inversión y el empleo formal.
Ramos señaló que el estímulo, que permite acreditar hasta el 50% de los gastos elegibles por el uso de autopistas contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), no constituye un privilegio, sino un mecanismo que reconoce parcialmente el costo de la infraestructura carretera.
Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para retomar el diálogo y alcanzar acuerdos antes de que el sector considere una suspensión de actividades.
“Quiero ser muy claro desde el principio: el transporte no puede seguir siendo una actividad a la que se le exige cada vez más, sin reconocer plenamente los costos, las condiciones y los desafíos que enfrentamos todos los días los transportistas”, aseveró.
Entre las alternativas planteadas por CANACAR , indicó, está mantener el umbral de 300 millones de pesos vigente en 2026 o establecer un esquema proporcional que permita conservar el beneficio hasta ese monto.
Augusto Ramos, Presidente Nacional de CANACAR.Afectaciones directas a los transportistas
Por su parte, Claudia Sánchez, Directora General de CANACAR, explicó que, durante las conversaciones con Hacienda, la autoridad estimó en 16 mil millones de pesos el costo fiscal del estímulo. Así como en aproximadamente dos mil 500 los contribuyentes beneficiados.
Sin embargo, cuestionó la metodología detrás de estas cifras y señaló que la evaluación no contempla a los transportistas informales, a quienes el organismo busca incorporar a la formalidad mediante distintas iniciativas.
A su juicio, restringir los incentivos para quienes ya cumplen sus obligaciones fiscales puede dificultar esos esfuerzos. Además de reducir el atractivo de operar dentro del marco legal.
Sánchez también puso en duda que la modificación afecte únicamente a alrededor de 170 empresas, como habría estimado la autoridad. De acuerdo con la directiva, el beneficio alcanza a un universo más amplio de permisionarios. Particularmente, empresas que operan con flotas de hasta 30 o 50 unidades, un segmento relevante dentro del autotransporte mexicano.
Este tipo de estrategias, donde no hay estímulos fiscales y no se incentivan, lejos de ayudarnos como Cámara para sumar a los informales, nos están afectando, porque no estamos teniendo consideraciones con los que sí son contribuyentes”.
Sánchez afirmó que CANACAR comenzó a gestionar reuniones con Hacienda desde que se conoció la propuesta. Asimismo, presentó sus planteamientos ante los grupos parlamentarios.
Claudia Sánchez, Directora General de CANACAR.Convención Nacional CANACAR 2026 hace un llamado a la seguridad y la modernización del sector